“BLOQUEO POLITICO EN EGIPTO”

El proceso de transición política que pretende llevarse a cabo en Egipto, está aproximándose, paulatinamente, a una situación de bloqueo que está llena de reales peligros al punto que no es imposible que degenere en una guerra civil. La “hoja de ruta” o “plan de transición” que el Presidente interino Adli Mansur hizo público el 8 de julio, no parece encontrar soporte político significativo en las mayorías populares (altamente movilizadas como es sabido en la coyuntura) pero tampoco se perciben señales sustantivas de que las élites políticas, intelectuales y militares del país estén dispuestas a darle muchas posibilidades de vida. Para empezar el estatuto mismo de la “Declaración Constitucional” constituye un formato institucional de concepción casi barroca. La “Declaración Constitucional”, conformada por más de 30 artículos que abordan temas claves como la organización de los poderes del estado, reglamentaciones relativas a las elecciones y, al mismo tiempo orientaciones relativas al proceso de reforma constitucional, si nos atenemos a las versiones de prensa que conocemos, constituye un conjunto de incongruencias jurídicas poco entendibles. Es evidente que, conjuntamente con el bloqueo político real al que Egipto se encuentra enfrentado, lo que está sucediendo es que hay un montón de improvisadores (Morsi el más notorio, pero no el realmente importante de ellos) que intentan jugar a ser estadistas, constituyentes y hombres de Estado. Este engendro de “Declaración Constitucional” pretende sustituir la Constitución que fuese votada en diciembre del año 2012, bajo la presidencia de Mohamed Morsi y que fuese “suspendida” el 3 de julio por el “golpe de estado” que hoy es tema de primera plana en buena parte de la prensa internacional. Esta “Declaración Constitucional” debería de perder toda vigencia una vez que una versión revisada de la antigua Constitución hubiese sido aprobada por referéndum y que dicho referéndum diese paso a dos nuevas elecciones: parlamentarias primero y luego una presidencial. De lo que se sabe de los contenidos, institutos y procedimientos que esta “Declaración Constitucional” pone en juego, cuando se examinan las partes conocidas, uno no logra salir del asombro. Teóricamente emergida de un “golpe de estado” que cuestionaba el permanente atropello presidencial que Morsi estaba llevando a cabo en aras de instalar una institucionalidad islamista (quizás no extremista, pero siempre islamista y, en ningún caso, secular) esta famosa ”Declaración Constitucional” debería apuntar hacia alguna modalidad secular de organizar constitucionalmente al sacudido país. Pues no, el artículo primero de la “Declaración” reitera la referencia a la “sharia”, a la ley islámica y, en particular a las jurisprudencias chiítas y sunitas como fuentes básicas del derecho. Para que el lector tenga más detalle nótese que este artículo primero de la nueva “Declaración” no es sino una nueva redacción de los artículos 1, 2 y 219 de la Constitución contra la que se dió “el golpe de estado” hace escasos días. La explicación inaudita de esta voluntad de aferrarse a una concepción jurídica que corresponde, aproximativamente, al siglo VIII (eso sí, D.C.) es que los grupos salafistas pusieron esa formulación como condición “sine qua non” para mantener su apoyo al proceso político desencadenado contra los Hermanos Musulmanes, empujado por las Fuerzas Armadas y, teóricamente, por sectores seculares y modernos preocupados por las libertades individuales. Pero no vaya a creer el lector que este problema es tan sencillo: al igual que en la antigua constitución, la nueva formulación de la “Declaración” sólo tolerará en el Egipto futuro tres religiones. ¿Cuáles ? Las tres “religiones celestes”, léase Islamismo, Judaísmo y Cristianismo. Toda otra religión (budismo, taoísmo, shintoismo, etc.) serían estrictamente prohibidas. En otros términos, a nosotros nos resulta muy difícil comprender hacia donde se dirige este “golpe de estado” supuestamente “liberalizador”, que no hace más que reafirmar las más increíbles creencias de los grupos extremistas islámicos. No solamente resulta altamente cuestionable dejar de lado el hecho de que la detención de Morsi y la puesta en marcha de una nueva transición constituyen “un golpe de estado” que viola la voluntad popular por más que, el ejercicio de ese poder democrático “islamista” haya estado, desde el primer momento, orientado a amordazar un número significativo de derechos individuales. Históricamente es así que se han constituido esas peculiares situaciones que suelen acompañar el nacimiento de los regímenes populistas y totalitarios: un poder democrático, animado y apoyado por una política autoritaria esencialmente anti-liberal. Es que Morsi será recordado como el presidente electo menos democrático que pudiese nadie imaginar. Un año le llevó “suprimir” a la ciudadanía y dividirla entre “detractores” y “fieles” al Islam. A pesar de que Morsi se eligió por votación en las urnas, inmediatamente quedó claro para todos los egipcios que el verdadero Presidente que decidía era el 8vo. “Guía” de la Sociedad de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Badia y su oficina personal, acompañados, a su vez, por la llamada “Oficina de Orientación”, Órgano Ejecutivo Supremo de los Hermanos Musulmanes integrado por una docena de miembros. Salvo Morsi, ninguna de estas autoridades fue nunca electa por la ciudadanía y, sin embargo, ellos gobernaron el país durante un año. Pero más allá del debate político y filosófico que merece el establecer una posición ante las conocidas irregularidades de esta secta, encaramada en el poder y ejerciéndolo escondida bajo una “sábana democrática”, lo que no es inteligible es que los desarrollos políticos posteriores no parecen responder claramente a los supuestos intereses de ninguno de los principales actores en disputa. En realidad, a los efectos prácticos, nuestra perplejidad importa poco. Pero lo que es evidente es que una perplejidad bastante parecida comienza a extenderse en el campo de los grupos, movimientos y partidos políticos revolucionarios que pusieron en marcha y han sostenido el proceso de transición. Sorprendentemente las críticas que provienen del campo de los anti-islamistas parecen ser tan intensas como las que provienen de los grupos pro-religiosos. El texto en cuestión tiene, además de las inentendibles contradicciones mencionadas, vicios de forma inexcusables. La “Declaración Constitucional” ha sido acusada de ser un texto dictado por un general (Abdel Fattah Al-Sissi) autor del “golpe de estado”. La acusación proviene del Vicepresidente del Partido de la Justicia y la Libertad (es decir la rama política de los Hermanos Musulmanes) que se ha transformado, en escasas semanas, en un ferviente defensor de “la democracia” luego de ser uno de los principales integrantes de un “partido“ que la combate desde 1928. La acusación contra la “Declaración Constitucional” es correcta, como es correcto el hecho que, técnicamente hablando, lo sucedido en Egipto fue un “golpe de estado”. La duda que queda es si los sectores laicos, e incluso los militares, debían de esperar que Badia y los órganos internos de los Hermanos Musulmanes siguiesen persiguiendo coptos y comenzasen a lapidar mujeres para reaccionar. Por ello es que, lo grave no es tanto la eventual fractura de un orden democrático que Morsi ya estaba quebrantando cotidianamente: lo grave es que, si no quedó otra alternativa que proceder a esa ruptura, hoy ni siquiera aquellos sectores laicos, seculares y “progresistas” que se supone que deberían apoyar la expulsión de Morsi y de los Hermanos Musulmanes del poder, estén acompañando claramente el proceso. Nuevamente, la impresión que queda para aquellos que sólo podemos seguir el proceso desde las fuentes secundarias de prensa, es que la toma de decisiones, de extrema gravedad, se está llevando a cabo con grados de improvisación insospechados. ¿Cómo es posible que los sectores que, teóricamente fueron los favorecidos por la decisión comunicada el 8 de julio, estén hoy, 11 de julio, comunicando que se trató de una decisión “no suficientemente discutida”. Concretamente, el Frente de Salvación Nacional (FSN), la coalición de partidos laicos y liberales, dirigida por Mohamed El Baradei (Premio Nobel de la Paz y encarnación de lo que debería ser el pensamiento republicano, democrático y liberal en Egipto, si es que esta especie existe) declara no haber sido debidamente consultado y no haber concordado con sinnúmero de puntos de la “Declaración”. Y no es que El Baradei sea un “original”: también el movimiento auto-bautizado “Tamarrod”, el gran movilizador de las masas que exigieron la renuncia de Morsi desde fines de junio, dicen cosas parecidas. También son consideradas inadmisibles las facultades otorgadas al presidente interino, por ser demasiado amplias, la ausencia total de orientaciones, ni siquiera genéricas, para llevar adelante el proceso de revisión constitucional al que se convoca y, sobretodo, las críticas se tornan absolutamente generalizadas en lo relativo a la autonomía que el artículo 19 otorga a las Fuerzas Armadas que, práctica y concretamente, no están claramente obligadas por mecanismo alguno a responder ante el poder civil y que tendrían, incluso, la capacidad de llevar ante la Justicia Militar a los ciudadanos civiles u obligarlos a trabajos forzados. En otras palabras, Egipto ha ingresado en un verdadero “bloqueo político” en el que no se ve claramente cual puede ser la fuerza capaz de crear condiciones para generar un poder político suficiente como para que se abran paso una nueva Constitución y nuevos actos electorales que alumbren un verdadero régimen democrático. En esta situación de “bloqueo político”, acompañada por el evidente “amateurisme” de muchos de los líderes aparentemente más destacadas, desgraciadamente son las Fuerzas Armadas las que terminan perfilándose como las únicas con capacidad para detener el inexorable deslizamiento hacia una guerra civil